Hoy se recuerda el 12º aniversario de la misteriosa, confusa y controvertida muerte del Dr. Luis María Argaña en el atentado ocurrido en la calle Diagonal Molas casi Venezuela, el 23 de marzo de 1999, suceso que precipitó la caída del presidente constitucional Raúl Cubas cinco días más tarde, la entronización del argañista Luis González Macchi y el virtual copamiento del poder por los hijos de fallecido político, en uno de los gobiernos más corruptos y despóticos que se conoce del período democrático.
La versión oficial reportó que tres sicarios, vestidos de militares en ropa de faena, descendieron de un Fiat Tempra para cometer el crimen.
El primero en llegar a la escena fue el stronista José “Icho” Planás, a quien se atribuye la extraña actitud de no haber ido en socorro de su amigo y de llamar a las radios para anunciar que el general Lino Oviedo era el culpable.
A partir de la acusación se desató una demencial campaña por la prensa radial, escrita y televisiva para forzar el apresamiento del líder de Unace primero y el defenestramiento del presidente Cubas después.
Bajo la batuta de González Macchi en el Senado y Walter Bower en la Cámara de Diputados, una alianza entre colorados stronistas, liberales y encuentristas provocó en forma arbitraria un juicio político contra el entonces jefe de Estado, violando el reglamento legislativo y sin compasión alguna de la ley y la Constitución.
Con la suma de la masacre de 7 manifestantes en la plaza la noche del viernes 26 de marzo, asesinados por francotiradores apostados en los techos del Cabildo y del ex Colegio Militar, el presidente Cubas perdió el control del gobierno y capituló el domingo 28 entregando la administración al argañismo.
Llamativamente, apenas asumió, el presidente de facto González Macchi retiró el pedido que hiciera Cubas al FBI, a Scotland Yard, entre otros, para que investigaran el supuesto magnicidio. Adujo que costaría al gobierno mucho dinero y que ya habían resuelto el caso.
Contradictoriamente, su gobierno estableció la suma de 100 mil dólares por la captura de Oviedo, quien había huido al Brasil.
Los mandamases que se apoderaron del poder fueron cambiando los nombres de los autores materiales del atentado a medida que ABC pulverizaba con pruebas sus falsedades. Nuestro director fue objeto de una veintena de querellas y hasta de órdenes de detener las publicaciones, firmadas por magistrados sometidos.
La muerte de Argaña es la única que tuvo como siete autores materiales, en diferentes etapas, pero un solo supuesto autor intelectual.
El primer incriminado fue Wladimiro Woroniecki, junto a Max Osorio y Richard Gómez, en base a la declaración del testigo falso Gumercindo Aguilar, asesinado por dos policías de Investigaciones tres años más tarde en un típico caso de “quema de archivo”.
ABC descubrió más tarde que Aguilar -quien apareció de la mano de dos conocidos policías de Investigaciones y del ex político Juan Ernesto Villamayor- tenía sueldo del propio Palacio de Gobierno.
Destruida esta versión, que según varios testigos fue fabricada en el entonces diario Noticias, medio que sustentó desde el principio las falacias que rodearon al atentado, los dueños del gobierno adjudicaron el “magnicidio” a Coco Villar.
Este fue asesinado a sangre fría por un pelotón del Batallón Escolta Presidencial y de la Senad, a cargo de los coroneles Poisson y Groselle. Cosido a balazos, con su muerte se pretendía cerrar el caso. Villar había vivido escondido dos años de la Policía que lo buscaba para matarlo como represalia por la muerte de dos camaradas, según los datos.
Desintegrada una vez más la historia oficial, apareció finalmente el último testigo falso, Pablo Vera Esteche. Este incriminó a nuevos “compinches”: Luis Rojas, Constantino Rodas y Fidencio Vega, más el mayor Reinaldo Servín. Con el militar se reunía el protocolo que necesitaban los argañistas para incriminar a Oviedo.
Con el paulatino restablecimiento de la justicia, el líder de Unace fue sobreseído de culpa y pena después de más de 5 años de cárcel y el mayor Reinaldo Servín fue liberado en octubre del año pasado, tras 11 años de prisión, también sobreseído de culpa y pena.
Luis Rojas y Constantino Rodas continúan presos, exclusivamente por el involucramiento que hiciera contra ellos el testigo farsante, Vera Esteche, a la sazón, otro delincuente de poca monta.
El chofer sobreviviente del atentado, Víctor Barrios, aseguró en una entrevista con ABC que él subió para manejar la camioneta con Argaña ya sentado, supuestamente dormitando, con la advertencia de su esposa de que no lo molestara.
También ABC recogió la versión de Luis Recasens Molinas, ex secretario del político, quien dijo en su oportunidad que él se encargó de transportar el cadáver de Argaña con otro personal desde un edificio de Perú casi Herrera, noveno piso, la noche antes del atentado, donde -antes de su deceso presumiblemente por un ataque cardíaco- se encontraba supuestamente en compañía de la conocida presentadora Fabiana Casadío y de otra pareja, un tal Bittar y la que fuera modelo Mónica Fleitas. Fuente ABC. Color
La versión oficial reportó que tres sicarios, vestidos de militares en ropa de faena, descendieron de un Fiat Tempra para cometer el crimen.
El primero en llegar a la escena fue el stronista José “Icho” Planás, a quien se atribuye la extraña actitud de no haber ido en socorro de su amigo y de llamar a las radios para anunciar que el general Lino Oviedo era el culpable.
A partir de la acusación se desató una demencial campaña por la prensa radial, escrita y televisiva para forzar el apresamiento del líder de Unace primero y el defenestramiento del presidente Cubas después.
Bajo la batuta de González Macchi en el Senado y Walter Bower en la Cámara de Diputados, una alianza entre colorados stronistas, liberales y encuentristas provocó en forma arbitraria un juicio político contra el entonces jefe de Estado, violando el reglamento legislativo y sin compasión alguna de la ley y la Constitución.
Con la suma de la masacre de 7 manifestantes en la plaza la noche del viernes 26 de marzo, asesinados por francotiradores apostados en los techos del Cabildo y del ex Colegio Militar, el presidente Cubas perdió el control del gobierno y capituló el domingo 28 entregando la administración al argañismo.
Llamativamente, apenas asumió, el presidente de facto González Macchi retiró el pedido que hiciera Cubas al FBI, a Scotland Yard, entre otros, para que investigaran el supuesto magnicidio. Adujo que costaría al gobierno mucho dinero y que ya habían resuelto el caso.
Contradictoriamente, su gobierno estableció la suma de 100 mil dólares por la captura de Oviedo, quien había huido al Brasil.
Los mandamases que se apoderaron del poder fueron cambiando los nombres de los autores materiales del atentado a medida que ABC pulverizaba con pruebas sus falsedades. Nuestro director fue objeto de una veintena de querellas y hasta de órdenes de detener las publicaciones, firmadas por magistrados sometidos.
La muerte de Argaña es la única que tuvo como siete autores materiales, en diferentes etapas, pero un solo supuesto autor intelectual.
El primer incriminado fue Wladimiro Woroniecki, junto a Max Osorio y Richard Gómez, en base a la declaración del testigo falso Gumercindo Aguilar, asesinado por dos policías de Investigaciones tres años más tarde en un típico caso de “quema de archivo”.
ABC descubrió más tarde que Aguilar -quien apareció de la mano de dos conocidos policías de Investigaciones y del ex político Juan Ernesto Villamayor- tenía sueldo del propio Palacio de Gobierno.
Destruida esta versión, que según varios testigos fue fabricada en el entonces diario Noticias, medio que sustentó desde el principio las falacias que rodearon al atentado, los dueños del gobierno adjudicaron el “magnicidio” a Coco Villar.
Este fue asesinado a sangre fría por un pelotón del Batallón Escolta Presidencial y de la Senad, a cargo de los coroneles Poisson y Groselle. Cosido a balazos, con su muerte se pretendía cerrar el caso. Villar había vivido escondido dos años de la Policía que lo buscaba para matarlo como represalia por la muerte de dos camaradas, según los datos.
Desintegrada una vez más la historia oficial, apareció finalmente el último testigo falso, Pablo Vera Esteche. Este incriminó a nuevos “compinches”: Luis Rojas, Constantino Rodas y Fidencio Vega, más el mayor Reinaldo Servín. Con el militar se reunía el protocolo que necesitaban los argañistas para incriminar a Oviedo.
Con el paulatino restablecimiento de la justicia, el líder de Unace fue sobreseído de culpa y pena después de más de 5 años de cárcel y el mayor Reinaldo Servín fue liberado en octubre del año pasado, tras 11 años de prisión, también sobreseído de culpa y pena.
Luis Rojas y Constantino Rodas continúan presos, exclusivamente por el involucramiento que hiciera contra ellos el testigo farsante, Vera Esteche, a la sazón, otro delincuente de poca monta.
El chofer sobreviviente del atentado, Víctor Barrios, aseguró en una entrevista con ABC que él subió para manejar la camioneta con Argaña ya sentado, supuestamente dormitando, con la advertencia de su esposa de que no lo molestara.
También ABC recogió la versión de Luis Recasens Molinas, ex secretario del político, quien dijo en su oportunidad que él se encargó de transportar el cadáver de Argaña con otro personal desde un edificio de Perú casi Herrera, noveno piso, la noche antes del atentado, donde -antes de su deceso presumiblemente por un ataque cardíaco- se encontraba supuestamente en compañía de la conocida presentadora Fabiana Casadío y de otra pareja, un tal Bittar y la que fuera modelo Mónica Fleitas. Fuente ABC. Color
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