A
más de los argumentos en circulación sobre las supuestas bondades de la
militarización interna del Paraguay, destaca ahora el coro mediático de ataques
a la idea y a la defensa de los derechos humanos. Desactivar la oposición y la capacidad de defensa de
personas y organizaciones ante los abusos que puedan cometerse bajo el imperio
de la militarización, con las nuevas condiciones de poder otorgadas al Poder
Ejecutivo por la Ley de Defensa. Abonar una ciudadanía temerosa, dispuesta a
aceptar abusos del Estado sin animarse a la protesta y a la solidaridad. El
nefasto proceso de este circuito represivo está retornando al Paraguay a lo más
profundo del pozo autoritario.
Un circuito exitoso deja en la
indefensión total a quienes puedan ser víctimas de violaciones de derechos
humanos: un Estado irrespetuoso de estos derechos, que utiliza todo el poder de
su aparato para poner en marcha movimientos represivos injustificados e
ilegales, avalado por el aplauso, el silencio o el temor de gran parte de la
población, y con escasa capacidad de respuesta de las víctimas o de quienes
tengan interés en defenderlas.
El proceso de militarización de la
seguridad interna en el Paraguay anda siguiendo los caminos de este circuito,
por demás conocido en este país donde una larga dictadura nos enseñó en la
propia piel lo que significa vivir bajo un autoritarismo represivo. Dictadura
que dejó huellas potentes y muy actuales en mentalidades sujetas a los
supuestos de este sistema autoritario.
A más de los argumentos en circulación
sobre las supuestas bondades de la militarización interna del Paraguay, destaca
ahora el coro mediático de ataques a la idea y a la defensa de los derechos
humanos. Quienes se oponen a la política de militarización vigente son
presentados como personas y organizaciones amenazantes, sobre bases falsas, con
acusaciones relacionadas con lo ideológico y con una tónica que alienta el
miedo y el odio.
El editorial de ABC Color del 1 de
septiembre de 2013, digno de la más rancia escuela represora de cuño stronista,
debe ser entendido como un importante ejemplo de este tipo de discurso. La
mención explícita de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
(Codehupy), de su secretario ejecutivo Enrique Gauto, del Servicio Paz y
Justicia Paraguay (Serpaj-Py) y del activista Abel Irala, a más de
organizaciones y actores políticos, son veladas amenazas que se ciernen sobre
el conjunto de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos del
Paraguay.
¿Qué
se busca con este discurso?
- Desactivar la oposición y la capacidad
de defensa de personas y organizaciones ante los abusos que puedan cometerse
bajo el imperio de la militarización, con las nuevas condiciones de poder
otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Defensa.
- Colocar bajo el punto de mira a
organizaciones y personas defensoras de derechos humanos concretas, con el
consiguiente esfuerzo que éstas deberán colocar en su propia defensa, buscando
dejar libre la cancha para los abusos de poder estatal.
- Justificar de manera general la
razonabilidad de las persecuciones que puedan ser desatadas en contra de
personas y organizaciones que se oponen a la militarización y a los abusos de
poder del estado.
- Abonar una ciudadanía temerosa,
dispuesta a aceptar abusos del Estado sin animarse a la protesta y a la
solidaridad.
El nefasto proceso de este circuito
represivo está retornando al Paraguay a lo más profundo del pozo autoritario.
Así realizo un análisis Clyde Soto, es
feminista y activista de derechos humanos. Investigadora del Centro de
Documentación y Estudios (CDE), representante institucional ante la
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). Fuente: E’a
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