11/8/13

Para que los crímenes de Stroessner se investiguen como "genocidio"

Un grupo de ciudadanos paraguayos encabezados por el especialista en derechos humanos que por primera vez reveló documentación sobre el Plan Cóndor, Martín Almada, presentó ante la Justicia argentina un pedido para que 20 mil crímenes cometidos durante la dictadura de entre 1954 y 1989 en su país sean investigados bajo la invocación del principio de "justicia universal". La causa fue admitida por el juez federal Norberto Oyarbide.


                                   Martín Almada. Fuente. Página 12

La presentación, admitida por Oyarbide y a la cual tuvo acceso Télam, promueve una "querella criminal por la comisión de los delitos de genocidio y/o lesa humanidad que tuvieron lugar en Paraguay en el período comprendido entre el 15 de agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989".

El instrumento judicial, que calcula en 20.090 el número de "víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos", fue presentado por el abogado argentino Juan Maida y su colega español Aitor Martínez Giménez en nombre de 14 ciudadanos querellantes -entre ellos Almada y el veterano dirigente político Domingo Laino-, y dos organismos defensores de derechos humanos.

La denuncia fue hecha en nombre de un grupo de ciudadanos paraguayos que viven en el país o estuvieron exiliados en Argentina, según informó Almada, un abogado penalista que fue torturado por la dictadura de Alfredo Stroessner y que a partir de 1989 se dedicó a recolectar datos de los delitos cometidos por las dictaduras latinoamericanas.

Almada explicó que fue un "gran paso" el hecho de que Oyarbide haya admitido el reclamo, y que de ahora en más queda en manos del magistrado llamar a declarar a los testigos, entre otras diligencias que podrían conducirlo luego a ordenar o no los procesamientos y detención internacional de los responsables.

"El reclamo de justicia está dirigido no sólo a la dictadura de Stroesnner, que aparte ya no puede ser demandado, sino a sus cómplices y encubridores y a todos los responsables del Plan Cóndor", resumió.


El reclamo judicial, de 116 fojas, se explaya en las vejaciones y atrocidades sufridas por cada uno de los querellantes, y explica que "todos los hechos relatados fueron documentados por la Comisión Verdad y Justicia y trasladados en su Informe Final a la Fiscalía para que abriera investigaciones, sin que a día de hoy se haya comenzado una investigación de oficio".

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