Un grupo de ciudadanos paraguayos encabezados por el
especialista en derechos humanos que por primera vez reveló documentación sobre
el Plan Cóndor, Martín Almada, presentó ante la Justicia argentina un pedido
para que 20 mil crímenes cometidos durante la dictadura de entre 1954 y 1989 en
su país sean investigados bajo la invocación del principio de "justicia
universal". La causa fue admitida por el juez federal Norberto Oyarbide.
Martín Almada. Fuente. Página 12
La presentación, admitida por Oyarbide y a la cual tuvo acceso Télam,
promueve una "querella criminal por la comisión de los delitos de
genocidio y/o lesa humanidad que tuvieron lugar en Paraguay en el período
comprendido entre el 15 de agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989".
El instrumento
judicial, que calcula en 20.090 el número de "víctimas totales directas de
violaciones de derechos humanos", fue presentado por el abogado argentino
Juan Maida y su colega español Aitor Martínez Giménez en nombre de 14
ciudadanos querellantes -entre ellos Almada y el veterano dirigente político
Domingo Laino-, y dos organismos defensores de derechos humanos.
La denuncia fue
hecha en nombre de un grupo de ciudadanos paraguayos que viven en el país o
estuvieron exiliados en Argentina, según informó Almada, un abogado penalista
que fue torturado por la dictadura de Alfredo Stroessner y que a partir de 1989
se dedicó a recolectar datos de los delitos cometidos por las dictaduras
latinoamericanas.
Almada explicó
que fue un "gran paso" el hecho de que Oyarbide haya admitido el
reclamo, y que de ahora en más queda en manos del magistrado llamar a declarar
a los testigos, entre otras diligencias que podrían conducirlo luego a ordenar
o no los procesamientos y detención internacional de los responsables.
"El reclamo
de justicia está dirigido no sólo a la dictadura de Stroesnner, que aparte ya
no puede ser demandado, sino a sus cómplices y encubridores y a todos los
responsables del Plan Cóndor", resumió.
El reclamo
judicial, de 116 fojas, se explaya en las vejaciones y atrocidades sufridas por
cada uno de los querellantes, y explica que "todos los hechos relatados
fueron documentados por la Comisión Verdad y Justicia y trasladados en su
Informe Final a la Fiscalía para que abriera investigaciones, sin que a día de
hoy se haya comenzado una investigación de oficio".
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