El
Líbelo Acusatorio contra el Presidente de la República Fernando
Lugo Méndez, se funda en las consideraciones de hecho y de derecho que pasamos
seguidamente a exponer
LIBELO ACUSATORIO
ANEXO
ARTÍCULO 1° INC. C) - RESOLUCIÓN H. CÁMARA DE DIPUTADOS
N° 1431/2012
1. OBJETO.
El Líbelo Acusatorio contra el Presidente de la República Fernando
Lugo Méndez, se funda en las consideraciones de hecho y de derecho que pasamos
seguidamente a exponer:
Nuestra Constitución Nacional, en su Artículo 225,
establece:
"El Presidente de la República, el
Vicepresidente, los Ministros del Poder Ejecutivo, los Ministros de la Corte Suprema de
Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor
General de la República,
el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral,
solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones,
por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.
La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por
mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos
tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en
su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos. En
los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la
justicia ordinaria".
2. LOS HECHOS QUE MOTIVAN ESTA ACUSACIÓN
2.1 ACTO POLÍTICO EN EL COMANDO DE INGENIERÍA DE LAS
FUERZAS ARMADAS
En el año 2009, con autorización del Presidente Lugo,
se realizó una concentración política de jóvenes en el Comando de Ingeniería de
las Fuerzas Armadas, el que fue financiado por instituciones del Estado,
incluyendo a la
Entidad Binacional Yacyreta. Fernando Lugo, reconoció que la Entidad Binacional
Yacyretá financió el encuentro de jóvenes socialistas de la región, llevado a
cabo en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas.
Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunión de
los jóvenes, quienes colgaron banderas con alusiones políticas, llegando a
izarse una de ellas en sustitución del pabellón patrio.
Ese acto de naturaleza netamente política y con los
exabruptos ampliamente difundidos por los medios de prensa solo pudo ser
realizado con la autorización del Comandante en Jefe y prueba de que el
Gobierno avaló, instigó y facilitó esos actos políticos dentro del cuartel es
que varios importantes funcionarios del Gobierno participaron del evento
pronunciando discursos instigando a la lucha de clases, como el pronunciado por
el entonces Ministro de la
Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares.
2.2 CASO ÑACUNDAY
Fue el Gobierno del Presidente Lugo el único
responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones de
tierras en la zona de Ñacunday. La falta de respuesta de las fuerzas policiales
ante las invasiones de supuestos carperos y sin tierras a bienes del dominio privado,
solo han sido parte de esa conducta cómplice.
El presidente Lugo ha utilizado a las fuerzas militares
para generar un verdadero estado de pánico en toda esa región, violando el
derecho de propiedad e ingresando a inmuebles de colonos, so pretexto de
realizar el trabajo de amojonamiento de la franja de exclusión fronteriza. Sin
embargo, esos trabajos eran acompañados por dirigentes de la Asociación de Carperos,
quienes abiertamente dirigían la labor de los técnicos y de los integrantes de
las fuerzas militares, que han dado lugar a interminables denuncias de los
propietarios y también incontables publicaciones periodísticas referidas a esa
situación.
Y mientras esas invasiones se producían y se daban a
conocer amenazas de otras más en otros departamentos de la República, el Presidente
Lugo se mostraba siempre con puertas abiertas a los líderes de esas invasiones,
como es el caso de José Rodríguez, Victoriano López, Eulalio López, entre
otros, dando un mensaje claro a toda la ciudadanía sobre su incondicional apoyo
a esos actos de violencia y de comisión de delitos que eran propiciados y
desarrollados a través de esas organizaciones.
Fernando Lugo ha sometido las fuerzas militares a los
denominados carperos, quienes han realizado todo tipo de abusos, agresiones y
atracos a la propiedad privada, a la vista de las fuerzas públicas, quienes no
actuaron por la indisimulada complicidad del Presidente de la República con esos
agresores.
Los miembros de esta Cámara recordarán lo ocurrido con la Intendente Municipal
de Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas Sosa, quien fue víctima de un
violento ataque de carperos quienes la golpearon, patearon y destrozaron el
vehículo en el que se desplazaba.
2.3 CRECIENTE INSEGURIDAD
El Presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de
desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente
inseguridad ciudadana.
En estos 4 años de Gobierno, a pesar de los importantes
recursos financieros que le fueron proveídos por el Congreso Nacional para
potenciar a la fuerza pública, los resultados han sido no solo insatisfactorios
sino también ha quedado por demás demostrado la falta de voluntad del Gobierno
para combatir al Ejercito del Pueblo Paraguayo, que se ha convertido, al amparo
y con la complicidad del Gobierno, en el azote de los ciudadanos de los
departamentos de Concepción y San Pedro.
Los distintos operativos emprendidos por el Gobierno,
muchas veces con gran cobertura periodística, han tenido como único resultado
el total fracaso. Nunca en la historia de este país, la Policía Nacional
ha tenido tantas víctimas cobardemente asesinadas por los integrantes del EPP
y, a pesar de ello, la conducta complaciente del Presidente siguió inalterable.
Todos los Miembros de esta Honorable Cámara de
Diputados conocemos los vínculos que el Presidente Lugo siempre ha mantenido
con grupos de secuestradores, que anteriormente se vinculaban al
movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP.
Los costosos operativos dispuestos por el Gobierno
durante los dos estados de excepción no han dado resultado alguno y, por el
contrario, solo ha generado una mayor fortaleza de ese grupo terrorista armado
a través del descrédito y las humillaciones a las que fueron sometidas las
fuerzas militares y policiales asignadas al operativo.
El Presidente Lugo es el responsable de la creciente
inseguridad y es responsable también por haber mantenido por tanto tiempo como
Ministro del Interior a una persona absolutamente inepta e incapaz para ocupar
ese cargo.
Esa ineptitud, sumada a la
indisimulada relación cómplice entre el Presidente Lugo y los líderes de la
asociación de carperos y otras organizaciones que fueron protagonistas de
innumerables invasiones de tierras y otros tipos de agresiones son los que han
propiciado y facilitado el lamentable suceso que costara la vida a 17
compatriotas, 6 de ellos pertenecientes a la Policía Nacional
y que fueron cruelmente asesinados y a sangre fría por auténticos criminales,
que también han incitado y manipulado a campesinos del lugar.
Luego de esa triste jornada, de la que felizmente se
tienen importantes datos y filmaciones que han sido generosamente difundidas
por distintos medios de prensa, solo se ha tenido una posición absolutamente
equívoca del Presidente de la
República en relación a lo ocurrido.
Fernando Lugo Méndez y varios de sus ministros, y en
especial Miguel López Perito y Esperanza Martínez, han pretendido tratar por
igual a los policía cobardemente asesinados y a aquellos que fueron
protagonistas de esos crímenes. El derecho a reclamar está consagrado por la Carta Magna pero nadie
está autorizado a cometer crímenes so pretexto de reclamar derechos y, menos
aún acabar con la vida de policías desarmados.
Esta misma actitud, se manifestó en la conferencia de
prensa brindada por Fernando Lugo con relación a lo ocurrido en la estancia
Morumbi, en donde ni siquiera tuvo la delicadeza de prometer el castigo de los
asesinos de esos policías y de quienes instigaron a los campesinos a tomar las
armas so pretexto de luchar por sus derechos.
El Presidente Fernando Lugo está propiciando y
fomentando, a través de algunos miembros de su gabinete y de sus cómplices que
fungen de dirigentes carperos y otras organizaciones campesinas, un conflicto
social de dimensiones impredecibles y que por su comprobada incapacidad no
podrá luego solucionar.
Personalmente, desde luego, manifiesto mi convicción de
que el camino de la crisis y el conflicto social y armado no será el producto
de negligencia o simple impericia del Presidente sino directamente el objetivo
que el mismo ha buscado durante el tiempo que fue obispo y que hoy pretende
desarrollar para proyectar y consolidar su anhelo de un régimen autoritario,
sin libertades, con la aniquilación de la libertad de prensa y la imposición
del partido único que profesan los enemigos de la democracia y los adherentes
del socialismo del Siglo XXI.
Fernando Lugo y sus ministros deben respetar el derecho
de todos los ciudadanos pero resulta inadmisible e injustificable que pretendan
poner en pie de igualdad a los criminales y a sus víctimas, a los asesinos y a
los policías que fueron cobardemente asesinados.
Mientras los familiares lloran por sus muertos,
Fernando Lugo debe estar reuniéndose con los cabecillas e instigadores de los
sucesos ocurridos el viernes pasado en Curuguaty y no se visualiza posibilidad
alguna de que Fernando Lugo rectifique su conducta, que ya ha costado decenas
de vidas de compatriotas que han caído víctimas de la inseguridad que él mismo
se ha encargado y esforzado de generar.
2.4 PROTOCOLO DE USHUAIA II.
Este documento constituye UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA de la República del Paraguay y
ha sido suscrito por el Presidente FERNANDO LUGO MENDEZ con el avieso propósito
de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad
y el proceso democrático de la República.
Dicho documento ya ha motivado un pronunciamiento de la Comisión Permanente
del Congreso Nacional, destacándose la falta de transparencia en el
procedimiento que dio lugar a la firma del documento y a su contenido al punto
que hasta la fecha, el Poder Ejecutivo no lo ha remitido al congreso para su
conocimiento y consideración. A través de ese documento, los países vecinos
podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay.
El documento firmado en Montevideo, en diciembre de
2011, para remplazar al Protocolo de Ushuaia (Carta Democrática del Mercosur),
tiene sus orígenes en un documento previo, presentado ante la Unasur (Unión de Naciones
Suramericanas), que fue pergeñado por los presidentes de la región para
protegerse unos a otros.
La principal características del Protocolo de Ushuaia
II es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en el
nombre de la "defensa de la democracia", defenderse unos a otros.
2.5 CASO MATANZA CURUGUATY. Ha quedado demostrado con
los hechos acaecidos en los Campos Morombi, Curuguaty, Departamento de
Canindeyú, la patente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación de
este gobierno liderado por Presidente Fernando Lugo Méndez, que amerita la
acusación de la Cámara
de Diputados por mal desempeño de funciones ante la Cámara de Senadores.
Fernando Lugo, hoy por hoy representa lo más nefasto
para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la perdida de vidas
inocentes debido a la criminal negligencia y desidia del actual Presidente de la Republica, quien desde
que asumió la conducción del país, gobierna promoviendo el odio entre los
paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia
y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo permanentemente
contra la Carta Magna,
las instituciones republicanas y el Estado de Derecho.
No cabe duda que la responsabilidad política y penal de
los trágicos eventos registrados 15 de junio del presente año, que costó la
vida de 17 ciudadanos paraguayos entre policías y campesinos, recae en el
Presidente de la República,
Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia, dieron lugar a los hechos
acaecidos, de conocimientos públicos, los cuales no necesitan ser probados, por
ser hechos públicos y notorios.
El incidente no surgió espontáneamente, fue una
emboscada a las fuerzas de seguridad; fue algo premeditado, producto de un plan
debidamente concebido, planificado y llevado a la práctica, gracias a la complicidad
e inacción del Gobierno de Fernando Lugo, responsable directo de la crisis que
hoy atraviesa nuestra amada Patria.
Ya desde la Honorable Cámara de Diputados se levantaban voces
de advertencia, ya se avizoraba lo que hoy es una realidad, la perdida de vidas
humanas. Hoy, podemos afirmar que este es el final que deseaba Fernando Lugo,
este fue siempre el plan ideado por el mismo, con la única finalidad de crear
las condiciones de crisis social y, conmoción interna que justifiquen un asalto
del presidente Fernando Lugo y sus seguidores a las instituciones de la República, con el
propósito de instalar un régimen contrario a nuestro sistema Republicano.
Este deseo desmedido, hoy nos hace
lamentar las perdidas de vidas humanas, en una cantidad nunca antes vista en la
historia contemporánea de la
República del Paraguay.
Todas las evidencias, que son públicas, nos demuestran
que los acontecimientos de la semana pasada no fueron fruto de una
circunstancia derivada de un descontrol ocasional, por el contrario, fue un
acto premeditado, donde se embosco a las fuerzas del orden publico, gracias a
la actitud cómplice del Presidente de la Republica, quien hoy no solo debe de ser removido
por juicio político, sino que debe de ser sometido a la Justicia por los hechos
ocurridos, a fin de que esto sirva de lección a futuros gobernantes.
Estos grupos extremistas, como el autodenominado
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o los mal llamados Carperos, se
fortalecieron día a día gracias a la incompetencia y complacencia de Fernando
Lugo, que en lugar de combatirlos, como era su obligación, los recibía y
apadrinaba.
No cabe la menor duda que Fernando
Lugo ha fortalecido a estos grupos criminales, quienes hoy no solo desafían y
amenazan abiertamente a los ciudadanos honestos, sino que llegan a lo más bajo
que puede caer un ser humano, que es atentar contra la vida de otro.
Tan poco hoy importa al Presidente
Lugo el Estado de Derecho y la vida humana, que en lugar de enderezar rumbos,
se mantiene en su posición, manifestando que seguirá reuniéndose con estos
criminales.
Fernando Lugo es el directo responsable de que hoy
nuestro país este viviendo días de luto. Tanto él como su incapaz ex Ministro
del Interior Carlos Filizzola, deben responder ante la ciudadanía por los trágicos
acontecimientos registrados en el Departamento de Canindeyú.
No existe voluntad alguna de combatir estas formas de
violencia, que tanto daño ya ha causado a nuestra sociedad, es por ello que
debemos de cumplir con nuestra obligación Constitucional, e iniciar el proceso
de juicio político por mal desempeño contra el Presidente de la República, quien desde
que asumió el Gobierno ha instado al incumplimiento de órdenes judiciales de
desalojo, así como a la promoción de mensuras judiciales sin mediar juicio
entre las partes, o abasteciendo de provisiones y enseres a los ocupantes de
tierras han sido los signos que marcaron las acciones y el temperamento de este
Gobierno.
3. PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA ACUSACIÓN
Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública
notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro
ordenamiento jurídico vigente.
4. CONCLUSIÓN.
El Presidente de la Republica Fernando
Lugo Méndez ha incurrido en mal desempeño de sus funciones en razón de haber
ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e
irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política en toda la Republica, generando así
la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final
trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia
desde de nuestra independencia nacional hasta la fecha, en tiempo de paz.
La causal de mal desempeño en sus funciones aparece en
su actitud de desprecio ante el derecho y las instituciones republicanas,
socavando los cimientos del Estado Social del Derecho proclamado en nuestra
Carta Magna. Su complaciente actuar lo hace cómplice por acción y omisión en
todos los casos antes citados, que legitiman la presente acusación.
5.- DERECHO
Se funda la presente acusación por mal desempeño de
funciones de conformidad a lo establecido en el Articulo 225 de la Constitución Nacional.
6. PETITORIO.
6.1.- Definitivamente, la gestión del presidente
Fernando Armindo Lugo Méndez ha perjudicado enormemente los intereses supremos
de la Nación,
que de continuar, apeligra gravemente la convivencia pacífica del pueblo
paraguayo y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, por lo
que se halla sobradamente justificada hacer lugar a la presente acusación
contra el presidente Fernando Armindo Lugo Méndez por la Honorable Cámara
de Senadores, por mal desempeño de funciones.
6.2.- En mérito a los argumentos precedentemente
señalados dicten resolución, declarando culpable al presidente Fernando Armindo
Lugo Méndez, y en consecuencia, separarlo del cargo que ostenta, de conformidad
a lo establecido en el Artículo 225 de la Constitución Nacional
6.3.- En consecuencia remitir los antecedentes a la Justicia Ordinaria.
