En
Pilar quien
cumple este sábado su Día de Gobierno en la zona, docentes protestaron contra los
descuentos salariales, mientras que sindicalistas rechazaron el proyecto de ley
de alianza público-privada. El mismo daría poder a Cartes para privatizar todos
los bienes públicos.
El primer escrache a Cartes como presidente.
Foto: Fanpage de La mañana informativa con Calixto Gonzalez FM 104.1 Patria
Soñada. Fuente e’a
Docentes y
sindicalistas escracharon al presidente Horacio Cartes en
Pilar, quien cumple este sábado su Día de Gobierno en la zona, quienes llegaron
hasta las cercanías del Shopping Municipal de Pilar con carteles y cánticos, en
señal de protesta a los recortes que realizó el Ministerio de Educación y
Cultura (MEC), tras la huelga que mantuvieron los agremiados a la
Federación de Educadores del Paraguay (FEP).
Por otra parte,
los sindicalistas de la Ande de Pilar rechazaron el proyecto de ley de alianza
público –privada.
Entre las
distintas actividades desarrolladas en el sur del país, Cartes se pasó
promocionando su proyecto de ley, dijo que cada vez está más convencido sobre
la importancia de la ley de alianza público – privada ya que “será una gran
herramienta para la concreción de grandes obras de infraestructuras”. Fue al
término del acto de inauguración de la planta de tratamiento de la Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A), de esta ciudad.
Respecto al
escrache, el titular del Ejecutivo manifestó: “Porque no van a poder protestar,
yo no veo gran evento que alguien pueda reclamar un derecho, a mí me gustaría
que si quiero manifestar algo me dejen”, refirió.
Críticas
Varios sectores
de la oposición y de organizaciones sociales critican el proyecto de alianza público privada,
por considerar que cuenta con numerosas falencias. Entre las principales la
falta de participación de ningún sector, ni audiencias públicas, ni ninguna
reunión con sectores de la ciudadanía.
Saca
atribuciones al Congreso y al Poder Judicial. También se señalan errores al
proyecto tales como que compromete todos los ingresos del Estado (impuestos,
tasas, royalties, etc), que quedan como garantías a las inversiones de las
empresas privadas, al revés de lo que habitualmente se suele realizar en los
casos de concesiones o privatizaciones, en las cuales las que asumen el riesgo
son las empresas privadas.
Con esta Ley se
pretende que absolutamente todo el patrimonio estatal, sin que pase por el
Parlamento, pueda ser puesto como objeto de concesión o privatización, según
los críticos. El artículo 202 de la Constitucional es claro al respecto, al
señalar que las concesiones caso por caso tienen que pasar por el Poder
Legislativo.
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