Colorados, liberales, oviedistas y oficialistas se unieron para
asegurar a sus operadores políticos. Los luguistas desoyeron el clamor del
ministro de Hacienda para no despilfarrar unos 50 millones de dólares.
Una
mayoría en el Senado, conformada por colorados, liberales, oviedistas y
luguistas, sancionó la polémica ampliación presupuestaria que permitirá
asegurar a sus operadores políticos en la Justicia Electoral.
Se
trata de dos millonarios montos, que suman G. 215.000 millones, es decir,
alrededor de USD 50 millones. G. 65.000 millones serán destinados para la
instalación de oficinas de inscripción en el extranjero y G. 150.000 millones
para anotaciones en el país. La bancada de Patria Querida se opuso tenazmente al
aumento, pero los votos ya estaban cantados.
El
propio colorado Juan Carlos Galaverna lo admitió al señalar que las posturas
estaban definidas y pidió el cierre de debate. La senadora Ana Mendoza de Acha
apeló en vano a la racionalidad de sus colegas. Los propios luguistas desoyeron
incluso al ministro de Hacienda, Dionisio Borda, quien abogó por el rechazo,
porque no tiene de dónde sacar dinero para esta erogación.
El
senador de Patria Querida Marcelo Duarte solicitó que el voto sea nominal, pero
no prosperó. Solo estuvieron de acuerdo los 4 de su partido, Efraín Alegre, del
PLRA, y Hugo Estigarribia, de la ANR. Los
demás votaron rápido y a mano alzada, como para pasar desapercibidos a favor de
ambas ampliaciones.
Acha
mencionó que el presupuesto total de la Justicia Electoral,
tras la aprobación del millonario aumento, asciende a G. 805.000 millones. Sostuvo
que es un presupuesto mayor que el del Poder Legislativo, y que se trata de un
aumento de más del 40% del presupuesto del TSJE.
Cuestionó
la aprobación a tambor batiente y la cobardía de sus colegas por no animarse a
votar a viva voz. "Quisieron esconderse", acusó. Dijo que en otros
países las inscripciones se hacen en los consulados.
Indicó
que la parte más costosa es la que está destinada "a los supuestos
inscriptores, que en realidad son operadores políticos". El luguista Sixto
Pereira salió en defensa de las ampliaciones. A su criterio, Borda opinó desde
el punto de vista económico, para lo cual debe plantearse la generación de
recursos a través del IRP y el impuesto a los granos.
DUDAS
SOBRE VETO PRESIDENCIAL
La
ley sancionada ahora queda en manos del Ejecutivo, quien decidirá si la
promulga o la veta. Al menos a través de su enlace, que es el vicepresidente Federico
Franco, el mensaje fue por el rechazo. El ministro de Hacienda no sabe de dónde
sacar la plata. Fuente Ultima Hora
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